La Ley 74/2025: límites al iure sanguinis y ruptura del sistema tradicional
La Ley 74/2025 —conocida públicamente como Decreto Tajani— introdujo modificaciones sustanciales al régimen de ciudadanía previsto por la Ley n.º 91/1992. En particular, estableció restricciones al reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia para personas nacidas fuera del territorio italiano que ya posean otra nacionalidad.
El aspecto más controvertido de la normativa no radica únicamente en el nuevo criterio restrictivo, sino en su aplicación retroactiva. La ley pretende excluir del reconocimiento a sujetos que, conforme al marco normativo vigente con anterioridad, ya eran titulares de un derecho subjetivo originario, aun cuando no hubieran iniciado el trámite administrativo o judicial antes del 28 de marzo de 2025.
Este cambio legislativo ha generado una fractura evidente del principio de continuidad del ordenamiento, afectando de manera directa la confianza legítima de los descendientes y creando diferencias sustanciales entre situaciones jurídicas equivalentes.
La ordenanza del Tribunal de Turín y la remisión a la Corte Constitucional
Frente a este escenario, el Tribunal de Turín, mediante ordenanza dictada el 25 de junio de 2025 y publicada en la Gazzetta Ufficiale el 17 de septiembre de 2025, consideró que la Ley 74/2025 presenta perfiles manifiestos de inconstitucionalidad, motivo por el cual elevó la cuestión ante la Corte Constitucional italiana.
En dicha ordenanza, el tribunal sostiene que la normativa podría vulnerar, entre otros, los siguientes principios fundamentales:
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Principio de igualdad y razonabilidad (art. 3 Const.): al introducir una discriminación arbitraria entre descendientes en idéntica situación jurídica.
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Principio de seguridad jurídica y tutela de la confianza legítima: al privar retroactivamente de efectos a un derecho considerado parte del patrimonio jurídico personal.
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Respeto de las obligaciones internacionales y europeas: en particular, en relación con el estatuto de ciudadanía de la Unión Europea y los principios consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos.
La publicación de la ordenanza constituye el acto formal de apertura del juicio de constitucionalidad, con efectos que trascienden el caso concreto.
El procedimiento ante la Corte Constitucional y sus posibles efectos
Actualmente, el expediente se encuentra radicado ante la Corte Costituzionale, órgano competente para pronunciarse de manera definitiva sobre la validez constitucional de la ley.
El procedimiento prevé las siguientes etapas:
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Presentación de escritos defensivos por parte del Estado y de las partes intervinientes.
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Designación de un juez relator, encargado del estudio técnico-jurídico del caso.
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Audiencia pública, cuya celebración se estima entre los primeros meses de 2026.
La decisión que adopte la Corte tendrá efectos erga omnes, es decir, será obligatoria para todos los casos análogos. La Corte podrá:
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Declarar la inconstitucionalidad total o parcial de la Ley 74/2025, restableciendo el régimen previo.
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O bien considerar la norma conforme a la Constitución, consolidando las restricciones introducidas.
La vía judicial como herramienta de tutela del derecho a la ciudadanía
En este contexto, el juicio por inconstitucionalidad se presenta como una herramienta central para la protección del derecho a la ciudadanía italiana de los descendientes afectados por la Ley 74/2025. La correcta evaluación del caso concreto, la estrategia procesal y el encuadre jurídico resultan determinantes para acceder a esta vía.
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Si sos descendiente de ciudadano italiano, naciste fuera de Italia y no iniciaste el trámite antes del 28 de marzo de 2025, es fundamental analizar tu situación jurídica individual y evaluar la posibilidad de accionar judicialmente.
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